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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Dirigidos a atender las necesidades de las entidades para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución y la ley.
GASTOS OPERACIONALES
Son todos los desembolsos relacionados con la actividad diaria. Por ejemplo: arriendo, vigilancia y seguridad, servicios públicos, salarios, entre otros.
FALLO
Acto procesal, consistente en el pronunciamiento de un juez o magistrado o tribunal en el cual se resuelven las pretensiones en un proceso. Por lo general corresponde a la sentencia que es una providencia judicial que decide sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tienen el carácter de previas, o resuelve recursos extraordinarios
FALSIFICACIÓN
Es un acto consistente en la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, bienes o productos, con el fin de hacerlo parecer como verdadero o para alterar o simular la verdad.
ENTIDAD TERRITORIAL
Personas jurídicas, de derecho público, que componen la división político-administrativa del Estado , gozando de autonomía en la gestión de sus intereses. Son entidades territoriales los departamentos, municipios, distritos y los territorios indígenas y eventualmente, las regiones y provincias.
ESTADOS FINANCIEROS
Son producto del proceso contable y, en cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar los estados de situación, de actividad y de flujo de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y período, respectivamente.
EVIDENCIAS DE AUDITORIA
Información, registros o declaraciones de hecho verificables. La evidencia de auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa, es utilizada por el auditor para determinar cuando se cumple con el criterio de auditoría. La evidencia de auditoría se basa típicamente en entrevistas, revisión de documentos, observación de actividades y condiciones, resultados de mediciones y pruebas.
EXPEDIENTE
Conjunto de documentos archivados en forma cronológica que determinan la secuencia de las actuaciones que se han surtido dentro del proceso.
DAÑO ANTIJURÍDICO
Jurisprudencialmente se ha señalado como aquel daño que la víctima no está en el deber jurídico de soportar, y que lesiona injustificadamente su patrimonio. Este daño puede ser causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En tal caso el Estado quien debe responder patrimonialmente.